Desamortización - History Lab

Colección «Material cartográfico antiguo» del CRAI (Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació de la Universidad de Barcelona) – Biblioteca de Reserva

ad_hlab_min — Tue, 12 Apr 2022 18:22:48 +0000

Repositorio digital de la Colección «Material cartográfico antiguo» del CRAI (Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació de la Universidad de Barcelona) – Biblioteca de Reserva, donde se encuentra la cartografía histórica contenida en antiguos monasterios y conventos desamortizados en Cataluña en el siglo XIX

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Expediente General de Cofradías (1769-1784)

ad_hlab_min — Tue, 12 Apr 2022 18:21:47 +0000

Las cofradías fueron el cauce asociativo durante la Edad Moderna. Su crecimiento preocupó a las autoridades ilustradas, que empezaron a ver con recelo el asociacionismo que manifestava una fe cuasi fanatizada siguiendo la religiosidad barroca. En 1769 se propusieron contabilizar el número de cofradías existentes en España a través del Expediente General de Cofradías. Este informe se realizó en todas las intendencias, provincias, y jurisdicciones españolas peninsulares. Se contabilizaron un total de 25.581 cofradías; 19.024 en Castilla y 6.557 en la Corona de Aragón. Además, calcularon los gastos anuales que realizaban cada una de ellas estimando, en cómputo general, 11,5 millones de reales. ¿Cómo vió la Iglesia católica el fenómeno de las cofradías? Si bien supusieron una defensa del catolicismo frente al protestantismo a través de la manifestación pública de la religiosidad popular, muchas festividades de las hermandades estuvieron orientadas hacia el ocio, comilonas y desmanes; excesos que las autoridades eclesiásticas veían como profanos. En consecuencia, muchos obispos apoyaron las medidas de supresión de las cofradías que no contaban con autoridad real o religiosa. Finalmente fue durante la invasión francesa y las posteriores desamortizaciones liberales cuando las hermandades disminuyeron en número de manera significativa. El expediente digitalizado permite la búsqueda de los municipios a través de las intendencias.

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Evolución de la organización económica del cabildo de Barcelona en el siglo XVII

ad_hlab_min — Tue, 12 Apr 2022 18:17:41 +0000

Durante la Edad Moderna, la Iglesia Católica fue una de las principales propietarias de bienes muebles e inmuebles en España. El presente recurso aborda la economía de las instituciones eclesiásticas a través del cabildo catedralicio de Barcelona. Su administración económica estaba articulada en 9 organismos, de propia personalidad jurídica, y con sus propias fuentes de financiación. Los organismos fueron: la Caritat, dedicada al control y pago de los canónigos; la Pia Almoina, orientada a la caridad a través de dos subsecciones, la Administració General y Majordomía; los Beneficis Units, que ayudaban a la dotación económica de los canónigos; la Sacristía y la Obra de la Seo, cuyas funciones fueron la administración sacramental (la primera) y el mantenimiento del edificio (la segunda). Los ingresos derivados de la realización de funerales correspondieron al Manna, y la distribución de las raciones de pan entre el personal era tarea del Passtrim. Por su parte, el cabildo no recaudaba directamente las rentas; antes bien, procedía al arrendamiento de las mismas como fórmula de obtener beneficio económico o en especie, de la misma manera, cada administración era responsable de negociar sus arrendamientos. A lo largo del siglo XVII se produjo un proceso de centralización administrativa y se avanzó en la profesionalización de la gestión, teniendo un sistema más eficiente que, unido al sistema de arrendamientos, profundizaba en la disminución de la infraestructura organizativa. La economía eclesiástica centrípeta, con la concepción de la propiedad de la tierra de «manos muertas», chocó con las nuevas formas de propiedad privada aparecidas en la transformación del Antiguo Régimen al Estado burgués, siendo objeto las tierras de las posteriores desamortizaciones.

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Patrimonio andaluz privatizado entre 1750 y 1852

ad_hlab_min — Tue, 12 Apr 2022 18:17:19 +0000

Cuando se analiza el proceso de apropiación y privatización de tierras andaluzas -centradas en este caso en Antequera, Archidona y Málaga-, debe atenderse a las diferentes vías que intervinieron de cara a enajenar tierras públicas, como son los repartos carolinos, las usurpaciones, la fragmentación de términos y finalmente las desamortizaciones liberales.
La documentación recoge la mayor proporción de usurpaciones durante la primera mitad del ochocientos, especialmente con la Guerra de la Independencia y el Trienio Liberal. El método seguido por los usurpadores era ampliar lotes privados con algunas tierras municipales -bajo una media de 3,7 hectáreas por lote-. Entre las causas de esta fiebre roturadora pudo estar el aumento demográfico y el déficit de producción de cereales, lo que supuso la imposibilidad de acceder a productos alimenticios por parte de los grupos sociales más desfavorecidos.
Además de las usurpaciones, los vecinos colindantes a cada zona provocaron la deforestación de muchas zonas debido a la corta de árboles y la introducción de ganado en estos lugares hasta ese momento prohibidos, provocando una drástica reducción de la superficie comunal en beneficio de los usos agrícolas privatizados. En el recurso se puede ver el proceso de enajenación de patrimonio territorial a través de cinco fases bien diferenciadas, teniendo a la correspondiente a 1835-1852 como máximo exponente de las tendencias que se venían observando casi desde un siglo antes.

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Bienes desamortizados vendidos en Castilla-La Mancha (1836-1844)

ad_hlab_min — Tue, 12 Apr 2022 18:16:11 +0000

En la liquidación del sistema del Antiguo Régimen tres fueron las grandes reformas agrarias que llevaron a cabo los gobiernos liberales. De gran impacto socioeconómico, pues el sector primario era el hegemónico en la Edad Moderna, las tres desamortizaciones fueron la de Godoy (1798), la de Mendizábal y Espartero (1836-1844) y la Desamortización General (1855-1895). Pero ¿Qué fueron las desamortizaciones? Fueron medidas que sacaron a subasta bienes que no se podían comprar ni vender, pertenecientes a la Iglesia, a los municipios y a la aristocracia. Con ello se pretendía liberalizar el sector agrario cambiando de manos la propiedad de la tierra y aumentar las cuentas de la Hacienda pública con los remates de las subastas. La realidad fue que las tierras subastadas volvían a ser compradas por los mismos sectores que las poseían, no cambiando así las estructuras de la propiedad. Además, las tierras colectivas y comunales desamortizadas se convirtieron en propiedades particulares. Por su parte, los campesinos asalariados vieron mermados sus derechos tradicionales al cambiar el concepto de propiedad de la tierra.
En Castilla-La Mancha, la desamortización de 1836 afectó de manera especial a la provincia de Toledo con 10.586 fincas afectadas, de las cuales se hizo una tasación pericial de 66,9 millones de reales, vendiéndose en subasta por 159,8 millones. Estas cifras toledanas supusieron un 5% en relación al total nacional. La provincia que menos aportó fue la de Albacete con 772 fincas tasadas en 6,7 millones y vendidas por 11.9, un porcentaje de mejora menor que la del resto de provincias (Ciudad Real 3.370 fincas tasadas en 21 millones y vendidas por 54,4; Cuenca 1.463 fincas tasadas en 13,5 y rematadas casi por el doble: 24,2; y Guadalajara con 10.354, tasadas en 20,6 y vendidas en 36,6). En suma, las tierras castellano-manchegas desamortizadas fueron tasadas en 129 millones y vendidas por casi 287, un 9% del total nacional.

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